Miércoles, 2 mayo 2018, (El Correo)
La Ertzaintza ha denunciado a varios ganaderos de Carranza por verter purines de forma ilegal. La Policía vasca ha puesto en conocimiento de los jueces unos hechos que, lejos de constituir una mera infracción administrativa, podrían entrañar un delito ecológico castigado con penas de prisión. En el fondo del asunto se encuentra un viejo problema: la dificultad para deshacerse de forma controlada de los detritos en una comarca que cuenta con 60 explotaciones de más de cien vacas. De hecho, el fallido proyecto de la planta de purines, que quedó en punto muerto después de gastar más de diez millones de euros de dinero público, se ideó precisamente para tratar de atajar los vertidos contaminantes, que contaminan el suministro de agua potable y han llegado a afectar también a localidades de la zona oriental de Cantabria.
Según explican fuentes conocedoras de las denuncias, a este problema se ha sumado una meteorología especialmente adversa, con numerosas jornadas en las que ha llovido de forma intensa y es más complicado gestionar de forma adecuada estos residuos. En cualquier caso, las denuncias de la Ertzaintza no se limitan a unos pequeños vertidos puntuales en pastos y manantiales. Lo que se ha puesto en conocimiento de los jueces, que actúan en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente, son unas prácticas «ordinarias» cometidas por varios ganaderos que, en algunos casos, reciben además subvenciones públicas precisamente para tratar de forma controlada las heces vacunas.
Asunto «delicado»
A pesar de la importancia que entraña para la comarca, el de los purines sigue siendo un tema del que no todos quieren hablar. Preguntado sobre las denuncias presentadas por la Ertzaintza, Javi Garro, representante de la cooperativa Lorra, asociación que aglutina a más de 4.000 productores vizcaínos y que presta servicios técnicos y económicos al sector agroalimentario, se limita a señalar que se trata de un asunto «delicado». La empresa contratada para recoger estos residuos en las explotaciones tampoco quiere hacer declaraciones.
Las prácticas denunciadas apuntan a particulares que reciben ayudas públicas para tratar esos desechos
Investigación

El alcalde del Ayuntamiento de Carranza, Raúl Palacio, defiende a los ganaderos. «Con independencia de conductas individuales que puedan ser censurables, no se les puede dejar con el culo al aire», afirma, sobre todo después del «fracaso» que ha cosechado la planta de purines y cuando el «modelo» que se ha promovido desde la Administración es, precisamente, el de potenciar explotaciones ganaderas cada vez más grandes. Una opinión con la que coincide el sindicato EHNE, que reclama modelos de producción «más ajustados».